José Miguel Sánchez GiraldoEducador popular El final de uribismo será violento. Así lo atestigua la acción gubernamental envolvente del gobierno colombiano, encabezado por el sub presidente Duque, durante estos tres meses de movilización popular iniciada el 28 de abril: 88 cuerpos juveniles víctimas de violencia homicida estatal, cerca de una centena de cuencas oculares vacías producto de disparos oficiales que cegaron el brillo de sus ojos, 115 jóvenes heridos con armas de fuego, 1.905 personas heridas por accionar desproporcionado de las fuerzas élites de la policía y civiles parapoliciales armados, 326 personas defensoras de derechos humanos agredidas en su labor de acompañamiento a la protesta social; 833 mujeres víctimas de violencia policial, de las cuales 525 fueron detenidas de manera arbitraria, 141 heridas, 4 asesinadas, 95 defensoras de derechos humanos agredidas, 106 víctimas de violencias basadas en género: una joven menor de edad se suicida después de recibir agresiones sexuales por parte de un escuadrón policía antidisturbios, 3.365 personas detenidas de manera arbitraria consignan que el final del uribismo será aún más cruento. Las juventudes que protagonizan el estallido social en las calles, en su vida, solo han conocido una manera de gobernar y la mácula del Estado en sus cuerpos; durante los último 20 años la política colombina ha estado marcada por el autoritarismo, la eliminación física del disidente político, la persecución para estatal y del aparato de justicia a las comunidades defensoras del agua y de los derechos de la naturaleza, la declaración de las comunidades originarias como un sinsentido ahistórico enemigo del desarrollo (neo)liberal, la agenda feminista un anatema así como la negación de la autonomía y gobernanza de las mujeres sobre sus cuerpos y subjetividades, la diversidad sexual señalada de ideología de género anti natura que ofende a las gentes de bien blancas, heteropatriarcales, hispanistas y católicas. Las juventudes en las calles, con la aprobación en las encuestas de más del 75% de la población, desafían a Uribe y sus secuaces en el gobierno; los mismos que amparados en el paramilitarismo y la connivencia de las instituciones con el narcotráfico (iglesias cristianas, justicia, ejército, prensa, policía, partidos de gobierno, banqueros, empresarios) les negaron la posibilidad de una paz pactada con las guerrillas en el gobierno pasado. Las juventudes les recuerdan en cada protesta cotidiana que da coherencia a este estallido social macondiano, que no olvidan la campaña fraudulenta con la que la ultraderecha en cabeza de Uribe impuso un NO a los acuerdos de paz entre la FARC y el Gobierno anterior (Santos). E Iván Duque, a la cabeza de un gobierno títere de Uribe, les recuerda a las multitudinarias marchas y protestas sociales que el poder lo sostendrán a cualquier precio, que venderán cara su derrota y que el color rojo de la bandera patria teñirá la geografía nacional antes que exponerse al escrutinio democrático en 2022, mismas que indican que perderían las elecciones de congreso y a la presidencia de Colombia.