Primavera sin flores no es primavera

Olga Lucía Fuentes
Consultora en Desarrollo, Derechos Humanos y Paz

“Yo siempre miré como cosa santa y heroica, el no acatar la injusticia y la inequidad,
aun cuando llevase la firma del más temible juez colombiano.”
Manuel Quintín Lame 1867- 1967

“Impedid, Señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo que puede
pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos aprovechar la capacidad
de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia”
Jorge Eliécer Gaitán, Oración por la paz 7 de febrero de 1948

I.

Colombia, país mega diverso, pluriétnico y multicultural; características que son oportunidad para construir una nación democrática, incluyente y respetuosa de la diferencia, sí y así lo dice nuestra Carta Política de 1991 en su artículo primero. De igual manera establece la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, tal como consta en el Artículo 22 adicionado mediante el Acto Legislativo 5 de 2017 – promulgado en el marco del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016  entre el Estado colombiano y el grupo insurgente de la FARC–, en el cual se determina como GARANTÍA DE NO REPETICIÓN  la prohibición de crear, promover, instigar, organizar, instruir, apoyar, tolerar, encubrir o favorecer, financiar o emplear de manera oficial o privada a grupos civiles armados organizados con fines ilegales tales como autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas y otros equivalentes.

No obstante lo anterior, entre la Colombia formal y la real transitan dos mundos paralelos que no se encuentran. Esta última no termina de consolidarse. Desde su independencia hace 200 años se debate en permanentes conflictos sociales en los cuales la gran mayoría de la ciudadanía excluida y despojada de participación política, de bienes y servicios reclama derechos ante una minoría privilegiada que ocupa todos los espacios de poder, defiende y aumenta estos privilegios utilizando vías violentas de hecho y de derecho mediante mecanismos legales e ilegales. Está claro, aquí no hay territorios en donde todos quepan. Impera la ley “natural” del más fuerte, del que “define” a las buenas o a las malas quién se queda y quién se va… o a quién hay que eliminar… así ha sido y no hay cultura de cambio. El país polarizado por los mensajes de odio, terror y venganza frente a los de verdad, justicia, reconciliación y paz, es incapaz de mirarse en este tejido frágil de nación. 

El conflicto social y político originado por la búsqueda de acceso  y uso de la tierra y el territorio, ha sido la constante histórica que se tramita a través de la violencia directa e indirecta, visible e invisible en todas sus dimensiones; como dijo Gandhi: “ La violencia es el miedo a los ideales de los demás”.

A lo largo de la historia republicana se han movilizado ciudadanías, comunidades, grupos étnicos y poblaciones que defienden el derecho a habitar un territorio, a mantenerse en él, a construir y desarrollar sus planes de vida y exigen al Estado garantías para el ejercicio pleno de sus derechos. De la Colombia profunda, desigual, excluida y olvidada por el Estado, surgen voces y acciones sociales que reclaman el derecho a vivir una vida digna y en paz haciendo resistencia a la violencia; a las políticas de explotación irracional de los recursos naturales,  a la presión de grupos de interés legales e ilegales que buscan sacarlos de sus territorios y/o constreñirles para dar paso a su ocupación por parte de actores y economías lícitas e ilícitas que fortalecen a los grandes capitales nacionales e internacionales, públicos y privados siempre por fuera del interés común.

En el imaginario del guerrero bárbaro, usurpador, genocida, está la convicción de poseer la verdad y actuar para salvar al otro de… Tales son los pilares que le mueven para eliminar al “enemigo”, al opositor político, social o económico; a todo aquel o aquella que se cruce en el camino de intereses particulares. Este señor del despojo y la desigualdad posee mil rostros y voces, unas visibles y otras invisibles, voces de políticos, de militares, de funcionarios, de partidos, de empresarios nacionales e internacionales, de gremios, de fanáticos religiosos, de terratenientes, de medios de comunicación, de las armas de militares y policías en ejercicio del control al “orden público” o de ejércitos privados al servicio de estos intereses.

De otro lado, el bien y los intereses comunes han sido y son el motor de búsqueda que moviliza pueblos, comunidades, líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en el día a día a lo largo y ancho del territorio nacional teniendo como respuesta por parte del Estado;  acuerdos, pactos y promesas no cumplidas, estigmatización y judicialización, en fin, total desconocimiento a sus justos reclamos; un Estado que define políticas y desarrolla acciones que profundizan la desigualdad y el desequilibrio territorial y favorecen el arraigo de una cultura de violencia.

II.

Una mirada a la historia reciente de Colombia muestra que en el período de 1986 a 2014 la profundización del conflicto social dejó un saldo de 6’561.708 personas en condición de desplazamiento forzado según cifras de CODHES[1] presentadas en el informe “Una Nación Desplazada” del CNMH[2].

Por su parte el estudio de Oxfam “Radiografía de la Desigualdad” realizado luego del Censo Nacional Campesino en 2016, señala que Colombia es el país más desigual de la región en la distribución de tierras. De éste estudio reseñamos las siguientes cifras:

  1. De los 111.5 millones de hectáreas censadas el 1% de las fincas de mayor tamaño ocupa el 81% de la tierra. 
  2. El 0,1 % de las fincas con más de 2.000 hectáreas ocupan el 60% de la tierra.
  3. En 1960 el 29 % del territorio tenía fincas de más de 500 hrs, en 2002 el 46 % y en 2017 el 66 %.
  4. Las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras.
  5. El 1% de las explotaciones de mayor tamaño maneja más del 80% de la tierra
  6. A finales de 2012 había sido suscritos 9.400 títulos mineros en 5.5 millones de hectáreas
  7. 43 millones de hectáreas tienen uso agropecuario, de las cuales 34 millones se dedican a la ganadería siendo esta vocación de solo 15 millones.

El estudio “Despojo, desplazamiento y restitución de tierras” del Colectivo de Abogados José Alvear  señala: “Colombia cuenta con 1,141,748 km² de territorio continental … Según la III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada, realizada por La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado de la Contraloría General de la República, el total de hectáreas despojadas o forzadas a dejar por causa del conflicto armado interno entre 1980 y julio de 2014 asciende a 6,6 millones de hectáreas, sin contar los territorios colectivos, esta cifra es equivalente al 12,9% de la superficie agropecuaria del país, despojo masivo o abandono forzado de tierras que ha afectado a 434.099 grupos familiares”

III.

En medio de esta crisis humanitaria y de derechos, el 26 de agosto de 2012, el grupo insurgente de las FARC_EP[3] y el gobierno de Colombia firman el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con una agenda de 6 puntos: 1. Política de Desarrollo Agrario Integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4. Solución al problema de drogas ilícitas, 5. Víctimas, 6. Implementación, verificación y refrendación. Para los analistas internacionales de procesos de paz, particularmente para el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame en cabeza de John Paul Lederech, éste es uno de los procesos de Diálogo y Acuerdo para la superación de conflictos armados internos más ambicioso y completo en la historia reciente de la humanidad.

El punto 1. Reforma Rural Integral busca superar los desequilibrios territoriales y transformar la realidad de los habitantes rurales y en un lapso de 10 años superar por lo menos en un 50% la pobreza rural y cerrar la brecha de desarrollo urbano-rural. Este punto tiene 3 temas centrales: Acceso y uso de la tierra, planes nacionales para reforma rural integral y planes de desarrollo con enfoque territorial. El punto 2. Busca fortalecer la democracia ampliando y garantizando la participación política de los sectores, territorios y actores históricamente excluidos. El punto 3. Impulsa la creación de un programa integral de sustitución de voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la creación de mecanismos eficaces de persecución a las mafias del narcotráfico. El punto 4. Compromete la creación y acción de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. El punto 5. Marca la hoja de ruta para el proceso de dejación de armas del grupo insurgente de la FARC-EP y la reincorporación a la vida de sus combatientes con el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas. El punto 6. Señala los tiempos de firma, refrendación ciudadana e implementación con la creación de un sistema de seguimiento y verificación que cuenta con el acompañamiento de la comunidad internacional.

La constitución de este trascendental escenario y los temas en él establecidos crearon gran expectativa y esperanza principalmente en las víctimas y en los territorios más afectados por la violencia, incertidumbre en la mayoría de la población y oposición por parte de personas y sectores que sintieron amenazados sus intereses, así como entre quienes consideran que el diálogo y los acuerdos no son mecanismos idóneos para el tratamiento de un conflicto armado con el origen y las complejidades que tiene éste de más de 50 años. 

El 24 de noviembre de 2016 se firma el Acuerdo Final luego de 4 años de diálogos con acompañamiento internacional y con la incidencia y participación de sectores de la sociedad civil; víctimas de diferentes actores y hechos victimizantes, grupos étnicos, mujeres y algunos sectores empresariales y políticos. La firma estuvo antecedida por una primera llevada a cabo el 26 de septiembre de 2016 y la realización de un plebiscito de refrendación en el cual por un estrecho margen gana el NO con un 50,21% sobre el SI que obtuvo el 49,78% en un contexto de creciente polarización impulsada por poderosos opositores quienes a través de diferentes medios transmitieron y siguen transmitiendo mensajes de odio, de rencor y violencia.

IV.

La firma de un acuerdo de paz no garantiza en sí mismo que ésta se alcance. Abre si la puerta para que una sociedad que ha vivido en medio de la violencia por más de tres generaciones, reflexione, comprenda sus orígenes y dinámicas y se comprometa con los cambios estructurales y culturales que permitan superarla y así avanzar en el reconocimiento de la otra persona , en el respeto a la diferencia y  en la convivencia pacífica.

Después de 2 años y medio de la firma del  Acuerdo de paz los logros son limitados; la violencia sigue siendo el mecanismo principal a través del cual se tramitan los conflictos y de manera selectiva se busca quitar del camino a los reclamantes de derechos y a la ciudadanía comprometida  con el proceso de paz.

Si, la violencia selectiva en el postacuerdo se ha recrudecido en los territorios con un saldo trágico de más de 600 líderes y lideresas asesinados en tres años, así nos lo muestra El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – INDEPAZ en el informe publicado el 11 de enero de 2019 “566 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados desde el 1 de enero de 2016 – al 10 de enero de 2019”

A continuación presentamos los mapas de  Indepaz que ilustran esta dramática realidad:

Los  análisis realizados por organizaciones de derechos humanos e instancias de seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz coinciden en señalar que las víctimas son en su mayoría hombres y mujeres de las regiones pobres más afectadas por el conflicto armado, por la presencia de cultivos de uso ilícito y de economías ilegales en donde la presencia civil del Estado es precaria o inexistente.  Los victimarios centran su interés en reclamantes de tierras,  en los procesos sociales organizativos de los territorios así como en procesos y expresiones políticas progresistas y de oposición, integrantes de las Juntas de Acción Comunal, grupos étnicos, familiares de líderes y lideresas, representantes de víctimas así como personas y familias vinculadas al proceso de reincorporación e integrantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – creado en el marco de  la implementación de Los Acuerdos.

En lo corrido del año la cifra de esta contabilidad de asesinatos pasa de 600. Mientras se escribía este artículo en las tres primeras semanas de abril los dirigentes de  la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz recibieron amenaza de muerte por parte del grupo paramilitar Águilas Negras el cual lleva más de 10 años operando sin que hasta la fecha se hayan realizado acciones efectivas para su desmantelamiento por parte del Estado, así mismo fueron asesinados  Aquileo Mecheche, indígena Embera del Chocó y Policarpo Guzmán Mage de Argelia, Cauca ambos participantes en la Minga y Daniel Mejía, exconsejero, asesor y negociador de la ONIC sufrió un atentando  contra su vida que lo tiene recluido en un centro de salud. De igual manera se presentó el asesinato de la lideresa Lucero Jaramillo de la Junta de Acción comunal de Puerto Valdivia, Curillo – Caquetá y  de 5 personas en menos de 24 horas en el municipio de Corinto, Cauca.

Dos dolorosos hechos sintetizan este compleja y desafiante realidad que mantiene abierta la página de la violencia:   La vida de Samuel David González Pushaina, niño de 7 meses e hijo de 2 excombatientes de las FARC fue violentamente apagada el 15 de abril de 2019 por balas dirigidas a sus padres quienes pertenecen al ETCR[4] Simón Trinidad, vereda Tierra Grata, Manaure, Cesar.

Dimar Torres, reincorporado de las FARC  quien gestionaba en la región del Catatumbo una pequeña iniciativa productiva con la cual poder levantar el hogar recién constituido, no alcanzó a recibir la noticia de que iba a ser padre, pues  murió a manos de militares del ejército colombiano, víctima de un operativo de un falso positivo. El asesinato de Dimar se suma a la delirante cifra de 126 excombatientes de las FAERC asesinados en lo que va corrido desde la firma de los acuerdos.

A esta crisis de derechos humanos, se suma la crisis humanitaria que en las últimas semanas vive el sur del departamento de Córdoba al norte del país, en donde más de 2.000 personas  han sido desplazadas por fuertes enfrentamientos armados entre grupos ilegales por el control territorial en una zona que históricamente tenía vocación agropecuaria y hoy se vislumbra como un polo de desarrollo minero energético. Esto situación había sido anunciada en dos alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo a finales de 2018.

Diferentes plataformas y organizaciones nacionales e internacionales de DDHH, en particular El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst y  Michelle Bachelet La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  se han pronunciado frente al Estado sobre la necesidad de garantizar con medidas efectivas, la vida y el trabajo de líderes y defensores de derechos humanos, así como avanzar de manera efectiva con la implementación de los acuerdos de paz.  Ante la impunidad generalizada frente a estos crímenes, en la primera semana de abril de 2019 organizaciones y líderes sociales presentaron ante la Corte Penal Internacional solicitud de intervención en el tema.

El 3er[5]  informe de seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Paz – período diciembre 2016 a diciembre 2018 – presentado el 9 de abril de 2019 por el Instituto Kroc como responsable técnico del tema, en el numeral 3.4 Garantías de Seguridad y Lucha contra las Organizaciones y Conductas Criminales del punto 3. Fin del conflicto, identifica entre las principales dificultades; el incremento en el número de homicidios contra defensores de DDHH y líderes sociales, es una de las principales alarmas para la implementación del Acuerdo; medidas insuficientes de protección para ex miembros de las FARC-EP, sus familiares y miembros del partido; así como la falta de sostenibilidad financiera para la mayoría de las medidas en materia de garantías de seguridad y protección.

V.

El Acuerdo de paz no solo vincula a los firmantes; es un acuerdo que compromete a todos los estamentos sociales, a toda la ciudadanía. Es un Acuerdo que pone en el centro a las víctimas; un acuerdo para ser implementado de manera participativa con enfoque territorial y apreciativo; que impulsa la realización de acciones afirmativas para los grupos poblacionales y la ciudadanía más vulnerable.

Sí, este es un acuerdo que abre un escenario de transición para que entre todos avancemos en la construcción de una paz estable y duradera. La sociedad colombiana enfrenta el desafío de mirarse en el opaco espejo de la historia buscando la verdad, la justicia y la reparación a partir de un ejercicio ético de reconocimiento de la responsabilidad comprendiendo que no hay una sola verdad, que la verdad es compleja y está tejida por múltiples actores y relatos en diferentes contextos y tiempos.

No se trata de identificar a los buenos y a los malos, ni de perdón y olvido.  Si alcanzamos conciencia y visión de cambio, comenzará la transformación cultural que posibilite encontrarnos en la diferencia, humanizarnos y respetarnos; tramitar los conflictos sin violencia y así comprometernos y  garantizar la NO REPETICIÓN.


Notas

[1] Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

[2] Centro Nacional de Memoria Histórica

[3] FARC_EP. Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo. La guerrilla más antigua del continente, creada en el contexto de la violencia política de los años 50 por campesinos liberales y comunistas.

[4] Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación

[5] Iniciativa Barómetro, Matriz de Acuerdos de Paz, Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz. “Tercer Informe sobre el Estado de Implementación del Acuerdo de Paz de Colombia” (Informe 3, Universidad de Notre Dame y Bogotá, Colombia, 2019).

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