Nuevas cruces sobre el asfalto

Francisco Hurtado Caicedo

Era un chico jovencito. Tendría sus 17 o 18 años. Empezaron a gritar que le ayuden. Cogí el escudo que yo tenía, lo cobijé, le tapaba, porque no sabía si iba a venir otro impacto, me tapaba yo y le tapaba a él. Estábamos justo en la puerta de emergencia del Hospital Eugenio Espejo y gritábamos desesperadamente que nos abran y la puerta estaba puesta candado. Entonces le dije al chico acuéstate y pásate por debajo de la puerta, él empezó a arrastrarse, él se agarraba duro la herida y no podía moverse, pero sí se pasó, ahí le cogieron los paramédicos, hasta ahí le vi…

Otra vez, como hace casi un siglo, los discursos públicos después de la protesta y la represión pretenden construir un relato oficial de la historia: no les mató la policía, se cayeron, se accidentaron, se precipitaron, se ahogaron. Y los corifeos que sobrevienen han adquirido discursos que discriminan contra “esos”, los otros que viven en el páramo, los vándalos, en la selva, esas hordas, en el extremo de la ciudad, los terroristas, en la periferia, los insurgentes que han venido a “nuestra” ciudad a alterar “nuestro” orden con el que la desigualdad funciona, profundizándola.

97 años después de las cruces sobre el agua, entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, se condensó nuevamente el descontento popular en contra de la violencia económica que ejerce el Estado Ecuatoriano en los últimos años, mientras cumple las condiciones impuestas por acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para recibir créditos que, según afirman los “responsables” de la economía, necesita el país para no colapsar.

En medio de una nueva crisis capitalista el Estado, aliado con un sector de las élites empresariales y productivas del país, el beneplácito de los organismos multilaterales de crédito y de algunas empresas transnacionales, ha despedido a miles de funcionarios públicos, ha desaparecido instituciones, ha aprobado nuevos beneficios tributarios para sectores productivos, ha remitido multas e intereses de grandes grupos de poder que se niegan a pagar sus impuestos a tiempo. Y eso no ha sido todo, las condiciones que faltan por cumplir amenazan con profundizar aún más la desigualdad histórica del Ecuador, la violencia convertida en pobreza, la pobreza convertida en racismo y exclusión.

En un año, la tasa de desempleo pasó del 4% al 4,9%. El empleo adecuado se ubica en el 38,5% mientras que la tasa total de empleos precarizados y no remunerados suman un total del 56%. 6 de cada 10 personas en Ecuador trabajan en condiciones precarias y en el sector rural la situación es peor, 8 de cada 10 lo hacen. Al cerrar esta segunda década de este siglo, la pobreza se ubica en el 23,9% y la pobreza extrema en 8,7% y esta crece, en el sector rural crece hasta el 40,3% y el 17,4% respectivamente.[1]

Tras el anuncio a inicios de octubre, de un nuevo paquetazo, primero el gremio de transportistas, después, el movimiento indígena y varios sectores sociales y populares, sostuvieron un paro nacional y protestas para exigir la derogatoria del decreto ejecutivo 883 que eliminó los subsidios a los combustibles. El 3 de octubre, el Ecuador amaneció sin transporte público y en Quito se registró la primera marcha de estudiantes hacia el Palacio de Carondelet. Un fuerte contingente policial y el inicio de la represión fueron el preludio de la emisión de un estado de excepción a nivel nacional, que se constituyó por 11 días en la única respuesta política a las demandas sociales y la patente de corso para que la fuerza pública despliegue, de manera desproporcionada y abusiva, la violencia contra las personas que se manifestaban, en su gran mayoría, de manera pacífica.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos[2] monitoreó la situación en tres provincias del país y recibió reportes de otras tres durante esos días. Centró su atención en el uso de la fuerza pública que provocó varias graves violaciones a derechos humanos. El informe es nuestro ejercicio de memoria y busca aportar en la construcción de un camino para la verdad, la justicia y la reparación frente a los renovados intentos desde el poder para construir, una vez más, otro relato de impunidad.

La fuerza pública detuvo irregular, aleatoria y arbitrariamente a 1.192 personas quienes, casi en su totalidad, recuperaron la libertad sin cargos. La Alianza verificó que cientos de ellos fueron víctimas de torturas durante la detención, en especial cuando se encontraban en recintos policiales u otras instalaciones bajo su control. Estas agresiones e intimidaciones se dirigieron tanto contra las personas privadas de la libertad que fueron presentadas ante un juez como en contra de otras que permanecieron horas detenidas, violentadas y después liberadas sin que hayan sido presentadas ante uno. Horas en que fueron reportadas como desaparecidas y cuya cifra exacta no se ha podido determinar.

A esta grave situación, se sumó la atención de 1.340 personas heridas en casas de salud públicas, de la seguridad social y cruz roja, varias de ellas con heridas de gravedad, a las que se suman otras centenas de atenciones realizadas en las brigadas y puestos de salud humanitarios de la sociedad civil. Más grave aún, a la fecha, siete personas murieron como resultado directo del desproporcionado y arbitrario uso de la fuerza pública y otras dos en accidentes que ocurrieron en el contexto de la protesta social.

El Estado de Excepción se materializó en operativos de dispersión y represión violentos en varias localidades del país, especialmente en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, donde las armas dizque “disuasivas y no letales” fueron usadas de manera masiva e indiscriminada, contra el cuerpo de las personas provocando heridas, mutilaciones, fracturas, la muerte.

…ahí le cogieron los paramédicos, hasta ahí le vi. Yo seguí tapándome y ya les vi a los policías allá, Yo alzo la cabeza así, ya les vi y sentí el disparo en la cara, simplemente me pegaron, me pegaron un escopetazo. Yo sentí inmediatamente negro y me mareé. Recuerdo que me agaché, yo sabía que ahí estaba la puerta por dónde le hice meterse al muchacho. Entonces yo gateé hasta tocar la puerta y empecé a pasarme por debajo. Después ya me hicieron los exámenes, yo entré en una especie de limbo, no sentía nada, absolutamente nada, ni dolor, nada. De ahí cuando me enteré que había sido realmente un disparo, fue cuando el doctor me dijo que tuve suerte, porque en esa operación me habían sacado alrededor de 30 perdigones de mi cara. Digo: ¿en serio? Sí dice, te voy sacando 30, tienes más de 50 perdigones en la cara todavía. Dice: ¡te pegaron a quemarropa!

En medio de la nube de gases lacrimógenos, las barridas de las tanquetas para quitar escombros, los escopetazos de bombas y perdigones, varios de ellos disparados a quemarropa, el gas pimienta en los ojos, las persecuciones policiales en moto y a caballo y en medio de las estampidas resultantes, Marco Humberto Oto Rivera, José Daniel Chaluisa Cusco, Segundo Inocencio Tucumbi Vega, Abelardo Vega Caizaguano, Edison Mosquera Amagua, Gabriel Antonio Angulo Bone y Edgar Yucailla Álvarez[3] murieron por la violencia de la fuerza pública.

Y cuando el decreto 883 finalmente fue derogado, después de 11 días en que el Estado rechazó el diálogo e impuso el tolete y la bota, sobrevino cierto discurso que afirma que: “la violencia, venga de donde venga, debe rechazarse”. Desde una aparente “neutralidad” pretende igualar todos los hechos y anularlos por ser equivalentes. Como si se dijera con frivolidad: “la protesta es violenta, el estado es violento, perdón y olvido”. Frente a este discurso, la respuesta debe ser la conciencia sobre la asimetría del abuso de poder y el recuerdo de la cronología de las acciones que escenificaron a la protesta social popular de octubre de 2019.

No son equiparables el enfrentamiento de los manifestantes contra la policía con un saqueo. Y estos dos actos tampoco son equivalentes a las acciones del Estado: la imposición del ajuste estructural neoliberal que viola nuestros derechos económicos, sociales y culturales y la emisión de un estado de excepción y toque de queda como única respuesta política a la protesta, la resistencia y a las libertades de asociación y de expresión. Es más, no se puede argumentar que a nombre de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía o de algún saqueo aislado, la violación de los derechos a la vida, a la libertad personal y a la integridad física y psicológica de miles de personas que salimos a protesta queden justificados, peor aún, perdonados y olvidados. Esos derechos humanos no pueden ser restringidos nunca, ni bajo el ordenamiento jurídico ordinario ni durante un estado de excepción.

Es necesario mirar hacia atrás y recordar los procesos de cambio social y sus momentos-hito de la protesta popular en donde se disputan la ampliación del ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales. Una historia que ahora volvimos a vivirla no sólo aquí, en Chile, en Colombia, en Haití, en Bolivia, conflicto social que es la punta de lanza envenenada[4] contra la desigualdad, la discriminación, la xenofobia, el racismo y la pobreza. La violencia que ejerce el Estado contra las personas debe ser criticada, contenida, sus responsables sancionados y sus víctimas reparadas.


Notas al pie

[1] Se puede revisar los principales resultados publicados por el INEC en septiembre de 2019 basados en la Encuensta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), disponibles en: http://bit.ly/ENEMDUempleo2019 y http://bit.ly/ENEMDUpobreza2019.

[2] Conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Fundación Surkuna, Amazon Frontlines e Idea Dignidad. En los primeros días del paro también participó el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ). Sitio web: https://ddhhecuador.org/. El informe de verificación final está disponible en http://bit.ly/InformeAlianzaDDHHparo2019.

[3] Este último habría recibido un impacto de arma de fuego letal.

[4] Un periodista en un grupo de WhatsApp alertó a otros, alarmado, que los indígenas amazónicos habían traído “lanzas bien envenenadas” a Quito durante el levantamiento indígena de octubre de 2019. Un imaginario del mal salvaje, del mito amazónico y del racismo vuelto a emerger y queriendo hacer puerto.

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