Erika Arteaga Cruz
Universidad San Francisco de Quito USFQ
Escribo este texto luego de un 25 de Noviembre duro. La violencia está en todos los espacios- en la comuna, en la piladora de arroz, en el baño del colegio. 101 feminicidos, madres que buscan justicia, violaciones de niñas, entornos apáticos. Escribo este texto desde el dolor de ser mujer y de ver a mi hija mujer llorar sus primeras batallas. Sin embargo, y justamente por eso, escribo con la esperanza de que algún día tendremos voz y voto sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos.
El veto al Código Orgánico de Salud (COS) desencadenó una frustración enorme en redes y en el movimiento de mujeres. Sin embargo fue, durante más de ocho años y cerca de diez versiones, un asunto complejo atravesado no solo por la mala redacción de los textos producidos por la Asamblea desde 2015 sino por la multiplicidad de temas abordados en cientos de artículos superficialmente descritos. La nuestra no fue una postura popular pero, salvo el articulado referente a derechos sexuales y derechos reproductivos, el último COS era mediocre. Vetarlo fue correcto pues el limitado avance en derechos era la mención del aborto y la identificación de los objetores de conciencia como obstáculos para el derecho a la salud. La reacción de pesadumbre por el veto al COS, que en salud pública/salud colectiva era muy malo, fue porque este veto se sumaba a la oleada de retrocesos conservadores que se nos vinieron encima.
Pero, ¿cómo llegamos a creer que el COS era la respuesta? ¿Por qué se defendió este Código con uñas y dientes, colocando el debate en blanco y negro? Quizás porque parecía que era el último recurso para tener derechos sexuales y derechos reproductivos: prevención de embarazos no deseados, aborto por violación, personal de salud sensible con enfoque de derechos. Durante los ocho años de debate del COS, un debate cansado, largo, con artículos repetitivos, que dio cuenta del forcejeo entre el centralismo autoritario del Ministerio de Salud (MSP) de Chang, Vance, Espinosa y la Asamblea; un debate que justificaba la participación reducida a escuchar las más disímiles peticiones sin una lógica de construcción de SALUD, parecía que en esa extenuante maratón agotadora, íbamos a lograr recuperar un mínimo. El producto: un mamotreto largo con artículos repetitivos que en la práctica no define nada.
Y es que desde el 2010 con todas esas Ministras mujeres a cargo de la cartera de salud se dieron los siguientes retrocesos: 1) desaparición del Consejo Nacional de Mujeres (2010), 2) desaparición de Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia – y con ello los comités de usuarias subsumidos al MSP con Carina Vance, 3) criminalización del aborto en el Código Integral Penal en 2013 y 4) reemplazo de la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente y Planificación Familiar- ENIPLA por Plan Familia (2015). Con todos esos retrocesos no sorprende en el 2020 la resistencia al veto del COS ni sorprende el recorte al presupuesto de la Ley de No Violencia contra la Mujer. En 14 años de gobiernos de Alianza País hemos retrocedido más de tres décadas en derechos de las mujeres; y ello sin contar la ex Ministra de Gobierno que estuvo a cargo de la represión de Octubre y en cuya conciencia descansan los restos de nuestros once muertos de 2019.
En la práctica, desde la Salud Colectiva, el documento del COS hacía sonar varias alarmas. El COS hablaba de financiamiento de salud con la garantía de la protección financiera de los ciudadanos en lugar del derecho a la salud. ¿Cómo se iba a efectivizar esa protección financiera? ¿De dónde iban a provenir esos fondos? Usualmente cuando se recurre a la protección financiera en lugar del derecho a la salud suele darse pauta a la entrada masiva de los seguros privados de salud. El principal problema del COS era la no definición de Sistema Nacional de Salud y la incorporación de “prestaciones mínimas” a definir por el Ministerio de Salud. Esas prestaciones mínimas nos vuelen a los noventa con una pobre salud para las y los que menos tienen; aumentaban las alertas sobre paquetes de prestaciones de pobres para pobres. Nos preocupaba dar paso al desmantelamiento de la Seguridad Social iniciado en el primer período de gobierno de Alianza País con la eliminación del 40% de los aportes. El COS no regulaba el sistema de salud privado que retuvo varios de los muertos por COVID con cantidades exorbitantes de pago (salud como negocio) ni PRIORIZABA la promoción de la salud o la salud intercultural, ni profundizaba en salud ambiental o los impactos en la salud que tendrá un país con el 15% de su territorio concesionado a la industria minera. Lo que se podía leer entre líneas en el COS era una intención de privatización. Y es que en realidad #LaSaludNoSeVeta pero nuestra salud como país fue vetada cuando el Ejecutivo firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Un estudio en la revista más prestigiosa de medicina (The Lancet) detallaba, luego del salvataje a Grecia aplicado por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI, sus consecuencias: 1) el personal de salud vio su salario reducido dos veces en 2010, 2) el financiamiento para los hospitales públicos decreció más de la mitad entre 2009 y 2015, 3 )los servicios para tratamiento, diagnóstico y programas de prevención se recortaron en un 20%. 4) los servicios para atención de madres y niños/as se redujeron en un 73% entre 2009 y2012, 5) para el 2014, el gasto público en salud en Grecia era MENOR que cualquiera de sus pares de la Unión Europea antes de 2004. 6) se incrementaron los problemas de salud mental y el número de suicidios e intentos de suicidio, 7) la población se vio obligada a no priorizar su salud debido a los altos costos y al incremento en pagos y copagos, y solo trataba de acceder a los servicios de salud cuando su situación era inmanejable (Burki et al, 2018 citado en Arteaga, Cuvi, Maldonado, 2019). Esto no es nuevo en Ecuador. Para el 11 de mayo de 1999, a las puertas del feriado bancario y mientras hacía una rotación en el Hospital Baca Ortiz, escribía una carta al Editor en el HOY: “Si, la muerte que he viste no vaga por ahí, está postrada en una cama. La muerte que he visto no se halla cubierta por manta negra alguna, sino por impecable sàbana blanca. La muerte que he visto no lleva guadaña amenazante sino un suero en su manita izquierda e innumerables marcas de aguja en ambos brazos. Lo único que aún conserva de la concepción antigua es la carne fuertemente pegada a sus huesos por desnutrición. Esa tierna, tierna cara de la muerte aguarda ansiosa la llegada de su mamita a un hospital, con escasísimos recursos, que quizás deba cerrar sus puertas porque prefirieron alimentar a un banco corroído por la corrupción (y evitar así que colapse el Estado ecuatoriano) que salvar varias vidas sin las cuales no será posible edificar ese futuro Estado ecuatoriano”. Son más de veinte años, los males son los mismos.
¿Qué ganábamos si las niñas podían abortar (porque estaba aprobado) pero no habría fondos ni personal o no era una prestación mínima definida por el MSP? El panorama no es bueno: la firma con el FMI influye en la salud: recorte de personal, no pago a médicos postgradistas, privatizaciones, desempleo, desnutrición, inequidades. Salud es dignidad dicen los zapatistas, salud es vivir sin humillación. La única forma de que nuestra salud no se vete es el acceso a tierra, agua, la soberanía alimentaria necesaria, políticas de apoyo a los y las campesinas, el recuperar instancias específicas para los derechos de las mujeres y que se respete la soberanía de nuestros cuerpos.
Mientras no saquemos al FMI del país, mientras no vuelva Octubre, la perspectiva para la salud del Ecuador es oscura. Los derechos no se consiguen con el Código, los derechos recuperamos en las calles.
Texto citado
Arteaga, Erika, Juan Cuvi y Xavier Maldonado. «¿Salud en época de austeridad?», 2019. Acceso desde https://ecuadortoday.media/2019/05/02/salud-en-epoca-de-austeridad.