La violencia escondida en la política económica del amor, la comprensión y la ternura

Gabriela Montalvo Armas
Universidad Andina Simón Bolívar

No ha sido fácil escribir esta nota. No es fácil hablar sobre un proceso tan complejo y delicado como el paro nacional de octubre. Mi primera reacción fue de dolor, de indignación y de profunda tristeza. No fue cualquier dolor. Se trata del dolor que causa la fractura. Es la estructura que se rompe con el crujir del hueso y que rompe la piel para que pueda sangrar la herida.

Hacer un análisis económico ante algo así, frente a un hecho que dejó al menos ocho personas fallecidas, 15 con “pérdidas de ojos”, 1.340 personas heridas y 1.192 detenidas, (http://www.cedhu.org/images/cedhu/areas_accion/publicaciones/investigaciones/pdfs/Mision%20internacional%20DDHH%20en%20Ecuador.pdf) resulta, por lo menos, frío. Sin embargo, también es absolutamente necesario, porque la economía es la expresión de las construcciones simbólicas de la sociedad.

Esa frialdad asociada a la economía es justamente una de las cosas que más me preocupa y me duele. Es una frialdad que de alguna manera el mismo campo económico ha asumido como propia, pensando que así ganaría prestigio y credibilidad. Asumiendo que las herramientas matemáticas le otorgarían seguridad como ciencia, la economía ha ido separándose de su origen filosófico, de su preocupación primordial no solo por el bienestar humano, sino incluso por el placer.

La economía pasó de ser una ciencia social, inexacta, según la describieron incluso los primeros liberales, como Mill, a considerarse un campo mecánico, exacto y claramente predecible, siguiendo el planteamiento de economistas como Jevons. Esa separación se ha ido profundizando con el tiempo hasta el punto en que cualquier postura alejada de los cánones neoclásicos ortodoxos es considerada seudo-ciencia, metafísica, irrelevante e irreal.

Esta única forma de entender, estudiar y concebir lo económico es uno de los relatos que, como si fuera una verdad indiscutible, se ha implantado con fuerza durante los últimos años, y sobre todo meses, en Ecuador y en América Latina.

Bajo esta premisa, se vuelve más fácil instalar otros relatos. Uno de ellos es el de la absoluta ineficiencia e ineficacia del sector público. La disminución agresiva no solo del gasto, sino también (y fundamentalmente) de la inversión pública, es presentada como la vía para cerrar el déficit fiscal, el mal emblemático de los gobiernos progresistas.

Para lograr el rechazo al progresismo es preciso construir un relato en el que no solo el déficit, sino el gasto público, sean vistos como lo opuesto de lo bueno, como la expresión de la maldad.

Desde que asumió el gobierno, Lenín Moreno y todo su gabinete se han encargado de dejar un mensaje muy claro: el estado de la economía es grave y eso se debe a que en el gobierno anterior (su gobierno, no puedo dejar de decirlo), todo fue robo y despilfarro. De manera sistemática, casi minuto a minuto, todos los días, funcionarios, medios y analistas políticos y económicos, se han dedicado a repetir incansablemente que nos encontramos en un estado crítico provocado por dos grandes causas: la corrupción y el gasto público.

Lo grave no está en denunciar hechos de corrupción, ni siquiera en sugerir mayor prudencia fiscal, sino en el hecho de instalar en el imaginario social, de forma sutil, pero no por eso menos violenta, como si fuera una verdad absoluta, la idea de que estos dos conceptos están en el mismo nivel ético y moral. Este peligroso relato que equipara no solo al gasto, sino a toda la gestión pública con el delito ha empezado a calar hondo en el pensamiento y también en el sentimiento de la población que, sin comprender bien cómo un período de crecimiento y de estabilidad en el que casi todas las personas mejoraron de alguna forma su nivel material de vida, era comparado con una gran comilona, con una borrachera por la que ahora todos debemos pagar.

Para tener una idea del cambio en las condiciones de vida de la población ecuatoriana, en la siguiente tabla se pueden ver algunos indicadores:

FUENTE: ENEMDU a diciembre de 2018

*Dato corresponde a diciembre de 2009

**Dato corresponde a diciembre de 2011

La evolución de estos y otros indicadores son una muestra de que, aunque se pueda hacer muchas críticas sobre los programas sociales del anterior gobierno (sobre todo en cuanto a su enfoque), es evidente que el nivel de vida de la población mejoró. Así como también mejoraron los indicadores de varias empresas y bancos privados. https://www.ekosnegocios.com/articulo/las-100-empresas-que-mas-crecieron-en-ingresos-en-la-ultima-decada

Para justificar su alineación con empresarios y banqueros, Lenín Moreno ha dicho varias veces que “se debe producir con la derecha, y lo justo, repartir con la izquierda” (de hecho, dio una conferencia titulada así en la Universidad de Harvard, el 28 de octubre de 2018). Y en esa frase se devela todo el enfoque político de su gobierno.

Bajo esta visión se divide lo que se considera importante, y, por tanto, prioritario, el crecimiento, de lo que se considera subsidiario, la distribución de la riqueza. Se impone así un objetivo macroeconómico que se debe conseguir a cualquier costo. Según esta lógica, corregir las inmensas y hasta inmorales desigualdades deja de ser prioridad de las políticas públicas, hasta casi desaparecer, asumiendo además que la atención a los “más necesitados” es una cuestión de amor al prójimo en su versión más asistencialista.

De la misma manera que se acusa a la izquierda de relegar el problema del déficit para un constante después, la derecha posterga la distribución para un quizás aún más inalcanzable.

De esta forma, todo un período, susceptible de varias críticas desde el punto de vista económico, así como de enfoque y de gestión, pero de innegables mejoras en las condiciones de vida de la población más vulnerable, se muestra ahora como un festín y todo el gasto y la inversión pública que ello significó se presenta como despilfarro.

Para reforzar este relato del gasto público como inmoral, se construye además la idea de que los funcionarios públicos son no solamente innecesarios, sino vagos. Haber querido quitar 15 días de vacaciones y disminuir 20% el salario a partir del siguiente año de contrato lo deja claro. No se trata de la variable con la que más se aporta a la disminución del gasto público (la variación en gastos de personal entre el 2018 y el 2019 es de -1% y la disminución representa el 0,3% de los gastos totales https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/11/Presentación-Pro-forma-2019_AsambleaNacional.pdf), ni tampoco se ha propuesto un nuevo modelo de gestión para el Estado, apelando a la mentada eficiencia, sino que solamente se ha reducido personal, empezando por aquellas personas que resultan más fáciles de “desvincular”, eufemismo utilizado para evitar la palabra despedir, sin ninguna consideración sobre su aporte a la institucionalidad pública.

¿Despedir a decenas de miles de personas va a garantizar eficacia, rapidez, calidad, calidez en los servicios públicos o se trata más bien de una acción que debilita profundamente su capacidad y su alcance? Es por lo menos peligroso que algo así suceda cuando a la vez se anuncian incentivos para la participación privada en sectores como el de la educación (Art. 16 del Proyecto de Ley de Crecimiento Económico).

Todo esto es coherente con una agresiva política de desmantelamiento del Estado, poniendo en peligro la provisión de servicios que sirven para garantizar el ejercicio de los derechos más básicos.

Así, ha disminuido considerablemente no solo el gasto, sino la inversión pública (aproximadamente 14% según los datos del Presupuesto General del Estado 2018 y 2019), en una clara muestra de que lo que se quiere hacer es un desplazamiento del Estado a favor del sector privado. Hasta ahí podríamos incluso estar de acuerdo, pienso que incrementar la participación de la inversión privada no solo que no es malo, sino que es positivo para la economía. Sin embargo, los presupuestos ortodoxos liberales suelen ser mucho más idealistas que lo que su supuesto pragmatismo quisiera. La tan anhelada inversión privada no ha respondido ni con la rapidez ni con la fuerza esperada a los estímulos e incentivos hasta ahora implementados por el gobierno, pues según argumentan los gremios epresariales, aún necesitan de mayores facilidades en el campo laboral y tributario.

En ese sentido se planteó la eliminación al subsidio. Disminuir un gasto al gobierno para evitar la necesidad de mayores impuestos. La pregunta es: si tan loable era su propósito en términos macroeconómicos, ¿no pensaron en el costo social y político de esta medida?, ¿de verdad desconocían las autoridades económicas y políticas los efectos que tiene una medida de este tipo?

En estos días los economistas ortodoxos citan todos los estudios que concluyen que los subsidios a los combustibles son regresivos, contrarios al medio ambiente y nocivos para la estabilidad fiscal. Pero no hablan de que toda esa literatura, incluso aquella producida o auspiciada por el mismo FMI, advierte de los costos sociales y políticos de esa medida.

¿En serio pensaron que un subsidio que ha estado vigente por más de cuarenta años se podía retirar a cambio de pedir comprensión a la población más vulnerable?

El argumento de la regresión se olvida de mencionar que su retiro también es regresivo, que no es lo mismo el impacto del aumento de la gasolina o del diésel para una familia de ingresos medios o altos, que el impacto del incremento del costo de producción para pequeñas unidades sobre todo rurales. No se trata del arrogante argumento “lo que están subsidiando es mi gasolina”, ni tampoco de “mi tractorcito”, se trata de una economía cuya producción está al menos en un 40% fuertemente ligada a la energía fósil.

Pero más allá de esto, los estudios a los que los partidarios del retiro del subsidio hacen referencia indican claramente que los pocos países en los que la implementación de una medida de este tipo ha tenido éxito han estado en condiciones políticas y macroeconómicas más estables. Pretender el retiro del subsidio junto a miles de despidos y disminuciones salariales es una bomba social, pero también económica porque lo único que se puede esperar de esa combinación es una grave recesión. Sin embargo, todos quienes señalamos ese riesgo ¡hemos sido acusados de ir en contra de la dolarización, del progreso, de la democracia e incluso de la paz!

Los analistas económicos que se han mostrado críticos con el paquete propuesto por el gobierno han  sido violentamente acusados de comunistas, de maduristas, chavistas, y, por supuesto, de correístas. Es decir, enemigos del pueblo.

Si el objetivo del gobierno hubiera sido la prudencia fiscal, la atracción de inversiones y la paz social, su política económica hubiera reconocido que se trata justamente de una acción política y por tanto, imposible de desprenderse de consideraciones históricas, sociales y culturales.

Las políticas de ajuste son justamente eso, una serie de acciones que terminan apretando a alguien. La clave está en decidir a quién y el gobierno de Moreno tiene muy claro a quién no quiere afectar. El gobierno ha pretendido no saber que el desempelo adecuado en el sector rural es casi la mitad del nacional (21,1% frente a 38,5%), que el trabajo no remunerado en esa zona quintuplica al de la zona urbana (21,1% frente a 4,9%), y que esas cifras se agravan para la población indígena, para quienes un 82% no tiene empleo adecuado, y un 34% no tiene trabajo remunerado (INEC 2019). Pasan por alto que hay un 15%  más de probablilidad de que una familia cuya cabeza es un indígena esté bajo la línea de pobreza (CEDLAS y Banco Mundial) y evidentemente desconocen que ante las políticas de disminución agresiva de los servicios públicos, son las mujeres pobres las más afectadas.

Quienes acusan a los pobres de acomodarse a los bonos de subsistencia, ciertamente no tienen ni la menor idea de cómo pueden ser los días, por ejemplo, de una trabajadora doméstica. Sus jornadas inician a las cuatro de la madrugada, se enfrentan a durísimas tareas, muchas veces en varias casas, toman dos buses y caminan bastante para volver a su hogar, en donde les espera aún más trabajo. Madrugan también los fines de semana para hacer compras menos caras en los mercados mayoristas y además realizan una serie de tareas “voluntarias”, a modo de mingas comunitarias, en los barrios, las guarderías o escuelas de sus hijos, cubriendo con su esfuerzo los servicios que no provee el Estado.

En ese contexto es en el que el gobierno de la ternura decide, sin más, eliminar los subsidios. El resultado es que nos encontramos en el peor de los escenarios: sin mejorar los indicadores económicos y con la mayor fractura social de los últimos tiempos. Una herida tan profunda que no sabemos en cuánto tiempo pueda cicatrizar.

Es esta supuesta ingenuidad la que no puedo aceptar. Por eso, lo que más me duele después de todo lo sucedido es constatar que el objetivo no está, ni estuvo, en la estabilidad macroeconómica o fiscal, sino que se trata de una política que va más allá, que tiene la intención de implantar un modelo de violencia, de represión y de control en el que se justifiquen prácticas de abuso y explotación a nombre de mitigar el hambre.

Un modelo reaccionario, xenófobo, racista, clasista y machista del que solo los intereses más nefastos se pueden beneficiar.

La economía no es fría, ni se limita a cálculos y ecuaciones. La economía, y su manejo, constituyen una herramienta muy poderosa con la que se puede construir bienestar y luchar contra la desigualdad, pero también puede convertirse en un arma peligrosa, en un mecanismo de producción de pobreza y necesidad. Lo que sucede en el campo económico es una de las más brutales expresiones del grado de violencia que vive una sociedad.